EdUcAcIóN PaRa La CiUdAdAnÍa

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es el nombre de una asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Secundaria en España por el Parlamento Español (viene fijada por la Ley Orgánica de Educación), y que consiste en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales.
La asignatura pretende cumplir una recomendación del Consejo de Europa en el año 2002, cuyo objetivo es el de "promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia".

• Aspectos polémicos
  Esta asignatura ha despertado recelo entre sectores conservadores españoles, porque entienden que el Estado asume la educación moral de los individuos, del mismo modo en que hasta el siglo pasado la habían asumido las familias o instituciones como la Iglesia Católica. El Partido Popular, principal partido de la oposición, y los Movimientos de Renovación Pedagógica han criticado el formato de la asignatura. El pleno del Consejo Escolar del Estado también se mostró contrario a dicha materia. Sin embargo, el gobierno sostiene que la asignatura servirá para educar "en valores democráticos y de tolerancia". Varios estudios de ONGs como Amnistía Internacional ven de forma positiva la existencia de materias de este tipo.
  Aunque destacados dirigentes de la Iglesia Católica se han opuesto a ella, tachándola de totalitarista, otras asociaciones educativas de marcado carácter conservador no ven con malos ojos la medida, ya que entienden que el currículum propuesto por el gobierno no sobrepasa la mera enseñanza de los Derechos Humanos más elementales.
  En algunos colegios existen padres que han solicitado la objeción de conciencia ante la nueva asignatura. Por su parte, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, señaló que los centros que impartan esta asignatura "colaborarán con el mal". Los colegios concertados católicos impartirán la asignatura.
  
  Puntos críticos
  Los puntos más criticados por algunos sectores, fundamentalmente católicos, son los que se refieren a la enseñanza sobre familias multiparentales u homosexuales mediante una visión alternativa de los valores tradicionales (algunos sectores consideran que incluso ridiculizan estos valores tradicionales), la obligatoriedad de la asignatura, y el fin laicista y de adoctrinamiento estatal que se deriva de la misma.
  Los sectores críticos con esta asignatura afirman que se pretende sustraer a los padres el derecho a decidir la educación moral para sus hijos. En esta asignatura -siguiendo esta argumentación- ya no son los padres los que deciden qué enseñanza moral se va a dar a los hijos, sino que será el Estado quien decida este punto. Recuerdan que en la carta de derechos fundamentales en España "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 27, 3 de la Constitución española).
  Otra crítica es que la recomendación del Consejo de Europa en que se basa el gobierno para introducir esta asignatura, no conlleva la carga ideológica con que se plantea. Los que defienden esta argumentación señalan que la educación en derechos humanos y valores democráticos es necesaria, pero esta asignatura se posiciona con una determinada ideología en contra del derecho de los padres
  Por otra parte, la negación del gobierno a admitir la "objeción de conciencia" en esta materia ha motivado también críticas.
  En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso presentado por cinco particulares contra la asignatura porque podrían vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución española; en marzo de 2008 el TSJA dicta la sentencia en la que reconoce, por vez primera, el derecho de unos padres a la objeción de conciencia. Sin embargo, el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Asturias) han rechazado dicha posibilidad al considerar que tanto ni la regulación jurídica ni los contenidos de la asignatura vulneran esos derechos fundamentales.